España endurecerá las penas por delitos de terrorismo, que podrán castigarse con cadena perpetua por primera vez desde la llegada de la democracia hace casi 40 años.
La reforma del código penal comenzó a negociarse tras los atentados islamistas de París en enero, que causaron 20 muertos, entre ellos los tres atacantes. El presidente del gobierno Mariano Rajoy y el líder del opositor Partido Socialista Pedro Sánchez firmaron el acuerdo el lunes en el Palacio de La Moncloa. Las nuevas medidas serán aprobadas por el Parlamento en las próximas semanas.
El acuerdo establece la llamada prisión permanente revisable para los responsables de actos terroristas que provoquen víctimas mortales. Esta pena supone que la prisión se revisa a los 25 ó 35 años de condena y, si no se cumplen ciertos requisitos de libertad, se mantiene el encarcelamiento de por vida.
Será la primera vez que España aplique esta forma de cadena perpetua por delitos de terrorismo desde la muerte del dictador Francisco Franco en 1975. Ni los condenados por asesinatos vinculados al grupo armado vasco ETA ni los responsables del atentado islamista contra los trenes de Madrid en 2004, donde murieron casi 200 personas, recibieron este castigo.
A pesar de aceptar esta fórmula, los socialistas no comparten la cadena perpetua e incluyeron una cláusula en la que se comprometen a derogarla si vuelven a gobernar.
El acuerdo típica también un nuevo delito para los llamados "combatientes extranjeros", castigado con hasta cinco años de cárcel. Los españoles que viajen a países como Siria o Irak para luchar junto a radicales o recibir entrenamiento podrán ser procesados.
Más de 70 españoles han salido del país para combatir en Siria e Irak, según datos del Ministerio del Interior. Las autoridades calculan que al menos una docena han regresado, de los que la mitad están encarcelados en Marruecos y España.
La reforma también castigará con hasta cinco años de cárcel a las personas que accedan reiteradamente desde España a páginas de internet o servicios de redes sociales "dirigidos a incitar a la incorporación a un grupo terrorista". Las personas que almacenen, fabriquen o suministren armas o munición a estas organizaciones podrán recibir 20 años de prisión.
Los condenados por financiar redes terroristas se enfrentarán a penas de hasta 10 años de cárcel.
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