Brasil y Holanda expresaron su indignación y llamaron a
consulta a sus embajadores en Indonesia, tras la ejecución de dos de sus
ciudadanos ayer, junto a otros tres extranjeros condenados por
narcotráfico.
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, dijo sentirse
“consternada e indignada” por el fusilamiento, indicó un portavoz. Tanto
Brasilia como La Haya decidieron llamar a consulta a sus embajadores en
Indonesia que ejecutó ayer a seis personas, entre ellos extranjeros
procedentes de Brasil, Holanda, Malaui, Vietnam y Nigeria.
El brasileño Marco Archer Cardoso Moreira, de 53 años,
condenado en 2004 por introducir cocaína en el país, fue fusilado en la
isla de Nusa Kambangan, en la costa sur de la isla de Java, donde hay
una prisión de alta seguridad.
Los fusilamientos son las primeras penas capitales durante
la presidencia de Joko Widodo, que asumió el cargo en octubre. A pesar
de su imagen reformista, Jokowi -el apodo con el que se le conoce- ha
dado su apoyo a la pena de muerte en un país que tiene una estricta
legislación contra el tráfico de drogas.
“La guerra contra la mafia de la droga no se puede llevar a
cabo con medidas tímidas porque las drogas han arruinado la vida de los
drogadictos y de sus familias”, dijo el presidente este domingo en un
mensaje en Facebook.
Jokowi ya había advertido que los condenados no recibirían
el perdón presidencial porque el país se enfrenta a una “emergencia” en
su lucha contra las drogas.
“El recurso a la pena de muerte afecta gravemente a las
relaciones entre nuestros países”, dijeron el sábado las autoridades
brasileñas en un comunicado.
El ministro de Relaciones Exteriores holandés, Bert
Koenders, dijo que su país también había llamó a consultas a su
embajador tras el fusilamiento de Ang Kiem Soei, calificado como
“terriblemente triste”.
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